Rodrigo Díaz González
Seremi de Gobierno
Cuando se discuten políticas públicas en materia de seguridad, es legítimo tener diferencias. Lo que no resulta aceptable es intentar descalificar una iniciativa atribuyéndole intenciones que no tiene, y peor aún, asociando pobreza con delincuencia.
En los últimos días, algunos parlamentarios de oposición han sostenido que el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV) afectaría principalmente a familias vulnerables o beneficiarias de programas sociales. Esa afirmación no solo es equivocada, sino que refleja una mirada profundamente clasista, porque supone que quienes requieren apoyo del Estado son precisamente quienes cometen actos vandálicos.
Las familias trabajadoras que día a día hacen esfuerzos por salir adelante conocen el valor de lo público. Son ellas quienes utilizan el transporte público para movilizarse, quienes llevan a sus hijos a plazas y espacios comunitarios, quienes esperan durante años que se recupere un barrio o se construya una sede vecinal. Por eso mismo, son también quienes más sufren cuando esos espacios son destruidos o vandalizados.
El Registro Único de Vándalos e Incivilidades no busca perseguir la pobreza ni castigar la necesidad. Busca proteger la convivencia social y establecer consecuencias para quienes, mediante actos reiterados de incivilidad, deterioran el patrimonio común y afectan la calidad de vida de millones de personas.
Es importante aclarar que nadie ingresará a este registro por una decisión administrativa o arbitraria. Será la justicia la que determine, mediante el debido proceso, la responsabilidad de quienes incurran en conductas como rayados no autorizados, daños al mobiliario urbano, consumo de drogas en la vía pública o venta ilegal de alcohol, entre otras faltas contempladas en el proyecto. Además, la iniciativa incorpora criterios de proporcionalidad y contempla la posibilidad de salir del registro cuando no exista reincidencia.
También debemos preguntarnos qué mensaje entregamos cuando relativizamos estas conductas. Un grafiti no autorizado, una plaza destruida o un paradero vandalizado pueden parecer hechos menores para algunos, pero para quienes viven diariamente en esos barrios representan abandono, inseguridad y deterioro de su entorno. Normalizar esas acciones solo termina perjudicando a quienes más dependen de espacios públicos seguros y en buen estado.
Todos los chilenos contribuyen, mediante sus impuestos, a mantener y mejorar los bienes públicos. Por ello, es razonable que el Estado establezca mecanismos que promuevan el respeto por esos espacios y desincentiven conductas que afectan a toda la comunidad.
La inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir en barrios limpios, seguros y ordenados. Ese es el objetivo del Registro Único de Vándalos e Incivilidades: proteger a quienes respetan las reglas y recordar que la convivencia también implica responsabilidades. Defender lo público no es un acto de discriminación; es un acto de respeto hacia millones de chilenos que todos los días trabajan honestamente y esperan que el Estado cuide aquello que pertenece a todos.
Rodrigo Díaz González
Seremi de Gobierno
Región de Los Lagos