Vallespin responde a críticas sobre su gestión: “las instituciones devolverán los recursos no ejecutados, los cuales llegarán a un monto estimado de $8.500 millones”

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En respuesta a recientes declaraciones y señalamientos públicos, el Gobierno Regional de Los Lagos, ha emitido un comunicado para abordar diversas acusaciones en torno a la fiscalización de recursos, el cierre de programas y las alegaciones presentadas en el informe de la Contraloría.
En relación a la fiscalización de los recursos, la institución destaca que ha implementado medidas proactivas desde mediados de 2022 para elevar los estándares de control. Se enfatiza que se generó un nuevo informe en mayo de 2023 para mostrar el avance del gasto y la ejecución de los programas. Además, se formaron equipos especiales de seguimiento y se llevaron a cabo acciones concretas, como la revisión de conciliaciones bancarias.
La máxima autoridad regional, indicó que “de todos los programas que el Gobierno Regional de Los Lagos maneja, solo en uno se encontró con una institución que ha engañado y usó el sistema para fines personales. Esa institución está siendo investigada por la Fiscalía y actualmente, como Gore Los Lagos, se está colaborando en todo para que se aclare la nula vinculación en ese delito. Es más, la primera institución que actuó para recuperar los recursos traspasados a Kimun, fue el Gore”.
Cierre de programas
En cuanto al cierre de programas, se desmiente la afirmación de que se terminaron los convenios por mala ejecución. Se aclara que la decisión se tomó debido a la abstención de la Contraloría para continuar con el proceso de toma de razón, destacando que “la ejecución de casi todas las iniciativas se encontraba en buen desarrollo y durante el proceso de cierre (aún en curso), todas las instituciones devolvieron los recursos no ejecutados, los cuales llegarán a un monto estimado de $8.500 millones. Se realizó un proceso consensuado, planificado y que ha contado con toda la colaboración de las instituciones privadas y hemos alcanzado resultados concretos en el proceso, que servirán para el futuro si se pueden retomar las iniciativas”.

Respecto a las alegaciones sobre el programa con la fundación Participa, se aclara que la información sobre la promesa de títulos de dominio ha sido tergiversada. Se afirma que el programa se presentó como una serie de acciones para subsanar tramitaciones relacionadas a la regularización de títulos de dominio y permisos de construcción, sin realizar promesas más allá de esos términos técnicos.
Finalmente, en relación al informe de la Contraloría, se señala que existen afirmaciones incompletas y tendenciosas, y se solicitará la reconsideración de ciertos puntos. El Gobierno Regional asegura que detalla su respuesta en un informe que está siendo elaborado y se entregará en los primeros días de febrero.

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