CONFLICTO DE LA BASURA EN CHILOÉ: AHORA PRETENDEN REABRIR VERTEDERO DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA EN MOCOPULLI

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En Chiloé existe un grave conflicto con los residuos domiciliarios e industriales, con diversos recintos ilegales y clandestinos sin resolución de calificación ambiental ni sanitaria, en medio de incompetencias de órganos públicos en temas de fiscalización y cierre, donde no se está asumiendo  garantía de No Repetición de acuerdo al estándar internacional en materia ambiental, por el contrario, luego del conflicto por el vertedero ilegal El Roble en la comuna de Ancud, según fallo Corte Suprema, ahora se suma que

En Mocopulli se pretende reabrir un vertedero de la industria acuícola, en una zona que se ha destinado literalmente al sacrificio, con diversos recintos que han afectado la calidad de vida de numerosas personas y el medio ambiente. 

Desde Chiloé, se ha denunciado que la empresa Resiter, propiedad de Raúl Alcaino y Álvaro Fischer (actual presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo), proyecta reabrir un vertedero industrial en la zona de sacrificio de Mocopulli en Chiloé, el proyecto busca acumular 40 mil toneladas anuales de basura de la industria acuícola.

El martes 23 de agosto, en la Escuela de Mocopulli, el Servicio de Evaluación Ambiental -SEA- se reunió con las comunidades de Mocopulli, Punahuel y alrededores, para inaugurar el proceso de Participación Ciudadana del proyecto “Parque Punahuel”; el proyecto fue rechazado desde un inicio por la comunidad

Un grupo de vecinos y vecinas de las comunas de Castro y Dalcahue, han señalado sobre este problema: “Para ojos ingenuos y ajenos a las profundas reivindicaciones de estas comunidades que llevan 2 décadas luchando en contra de vertederos irregulares, y que han visto cómo el sector se ha convertido (a manos de políticas públicas deficientes y ambiciones económicas empresariales) en una zona de sacrificio. Esta parecía ser la primera vez que el SEA pisaba el suelo de Mocopulli”.

Uno de los reparos por parte de vecinos con respecto a la presentación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), es que “irónicamente, el SEA Los Lagos, proyecta una presentación con una imagen falsa: una cascada de agua prístina que desemboca junto al absurdo nombre “Parque Punahuel”, nombre con el cual la empresa Resiter bautizó a su Vertedero Industrial que proyecta acumular más de 40.000 toneladas anuales de basura industrial”.

La presentación enojó aún más a la comunidad y el funcionario público del SEA, Felipe Arancibia, no puedo terminar de explicar sus funciones y atribuciones ni la necesidad de la Consulta Ciudadana, debido al sin fin de preguntas que emergieron de la comunidad, hasta que un vecino señala de manera firme: “!Basta de atropellos y de impunidad!”, sintiendo a su alrededor el apoyo general del público presente. Los funcionarios públicos por su parte buscaron intentar explicar que no son ellos los responsables, para luego exponer que es necesario que las comunidades presenten observaciones con datos científicos específicos. Al respecto,  una vecina expresa su preocupación al no manejar esos datos, mientras que otra pregunta: “¿Cuántos proyectos se han bajado en Chile, debido a las observaciones presentadas al SEA?” Una de las funcionarías responde: “Nosotros como SEA no manejamos esas cifras”, el proceso de participación ciudadana cierra hoy 10 de septiembre.

La crisis social tras los basurales de la industria

Las grandes empresas acuícolas inician sus operaciones en los mares de Chiloé durante la dictadura militar, operaciones que crecen exponencialmente durante los gobiernos de la Concertación, en un proceso de consolidación de la privatización y mercantilización del mar, el último gran despojo fue , la Ley Longueira, un acuerdo transversal entre la UDI y el PS, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy la ley sigue vigente pese a que Jaime Orpis sea el único Senador Preso después del estallido público de los casos de financiamiento ilegal de la política, en el caso de Orpis, fue condenado por soborno en el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, También Corpesca que también fue condenada como responsable en el escenario de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y a la vez el Gerente General Francisco Mujica quien fue condenado en un procedimiento abreviado.

Tras décadas de producción intensiva de salmón, y posteriormente de choritos, se evidencian las múltiples consecuencias que sufre el territorio-maritorio, debido inicialmente a las inexistentes normativas ambientales, que luego de ser elaboradas pasaron varios años para crear normas y reglamentos, de todas formas en una cantidad considerable de casos, no se cumplen y es sistemático el actuar por parte del sector empresarial, que convive con las negligencia, también sistemática de las direcciones de los servicios públicos, así lo señalan informes de Contraloría General de República del 2016 y 2019, que evidencian las graves faltas de Sernapesca, Subpesca y el SEA.

Durante el 2019 se hizo visible otra de las consecuencias del actuar empresarial y negligencia de las autoridades políticas y “técnicas” del Estado, las vecinas y vecinos de los sectores de Dicham, Mocopulli, Huicha y Punahuel se movilizaron contra el abuso, y lograron detener envió de más basura a sus sectores y cerrar los vertederos que se encontraban en ilegalidad desde hace más de una década. En el centro estaba la cantidad de residuos que genera la industria salmonera y chorera (según datos del Ministerio del Medio Ambiente, durante el 2018, el 53% del total de residuos nacional es de origen industrial).

Harry Jürgensen, entonces intendente y actual representante de la Convención Constituyente, evidencio su incapacidad política de solucionar el conflicto, el conflicto escaló al gobierno central,  lo que se concretó con la visita de la segunda línea del gobierno de Piñera, liderada por el subsecretario del Interior, Rodrillo Ubilla y el chilote Claudio Alvarado, entonces segundo en la Segpress, la acción política logró destrabar el conflicto tras el compromiso del cierre de los vertederos, al mes Alvarado sería ascendido a ministro de la misma cartera.

Al terminar el año 2019, se hizo efectivo el cierre del vertedero ACONSER en el sector de Mocopulli, pero se extendió la Alerta Sanitaria para Chiloé, lo que generó grandes dudas sobre el destino de los residuos domiciliarios de Ancud, y dejaba claro que la crisis que vive el archipiélago estaba lejos de terminar. En esos días el problema se trasladó a Puntra-El Roble, en la Comuna de Ancud, en un sector cercano al recientemente declarado Santuario de la Naturaleza de Chepu. El proyecto “transitorio” como lo describe el municipio ancuditano, ha chocado con el rechazo de vecinas y vecinos del sector, transformándose en una clara expresión del sentir de Chiloé sobre las “soluciones” que ha dado el gobierno regional a la crisis, que más bien ha trasladado el problema de una comuna a otra sin entregar soluciones concretas y agravando las condiciones en todo el territorio chilote.

Este 8 de septiembre, se anunció que La Corte Suprema declaró ilegal el vertedero de Puntra El Roble en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, por lo que ordenó al municipio que retire la basura en un plazo de 90 días.

La resolución es considerada un importante logro por las comunidades del sector, quien tras casi dos años, se opusieron al vertedero que colinda con un Santuario de la Naturaleza. En el fallo de la Corte  Suprema, se indica que los actos administrativos que autorizaron el funcionamiento del vertedero vulneraron el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Señalan vecinos organizados de estas comunas del archipiélago: “En la actualidad, en Chiloé nos encontramos en un escenario crítico, se han cumplido 14 años desde que el Ministerio de Salud aprobará el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios (Decreto 189, publicado el 05 de enero del 2008), con lo cual se daba por “superada” la política ambiental del vertedero en Chile y comenzaban a aparecer los Rellenos Sanitarios”.

Agregan: “Sin embargo, tras más de una década no ha cambiado nada, siguen operando todos los vertederos municipales en ilegalidad, mientras la clase política local quienes han administrado las instituciones las últimas décadas continúa mostrando una enorme incapacidad, desinterés, desconocimiento. Ahora parecen asombrados ante la evidencia de que todos los lugares en los que por décadas se ha depositado la basura industrial, están críticamente expuestos como agentes contaminantes, a cercanías, a fuentes o cursos de agua, infiltración a napas subterráneas de lixiviados que escurren, presencia de metales pesados, coliformes fecales, entre otros”.

De los lugares en los que se han instalado vertederos legales e ilegales, Punahuel y Mocopulli ha sido el lugar más afectado, de aprobarse el “Proyecto Parque Punahuel” sería el octavo vertedero en el sector. Esta zona ha recibido por décadas basura industrial que no solo provienen de las plantas que operan en el archipiélago, sino que también se han recibido residuos provenientes de otras provincias.

Son 30 años y más: La pasividad y complicidad de la institucionalidad ambiental

La responsabilidad de las élites políticas y “técnicas” que han administrado las decisiones se evidencia en abril del año 2019, con el cierre definitivo del vertedero Municipal de Huicha en Ancud y trasladando el problema por diferentes comunas de Chiloé, golpeando directamente la capacidad de gestión y conducción política de alcaldes, Gobernador, seremis e Intendente. Desde allí, se vienen develando incapacidades políticas, viejas ideas, y la falta de recursos, evidenciando un problema que a esas alturas ha sido obvio para las comunidades.

Señalan desde Chiloé: “Hoy queda la solución sujeta a la negligencia política del actual gobierno y de los municipios que se han subordinado al Gobierno Regional y sus palabras mágicas: Relleno Sanitario. En desmedro al interés público y otras soluciones que claro, tocarían uno de los problemas de fondo: la sociedad de consumo y el libertinaje empresarial, pese a ello se siguen repitiendo las mismas recetas añejas, obligando a aceptar la instalación de un relleno sanitario en su entorno, con soluciones abiertamente deficientes y peligrosas para la salud pública”.

Desde los sectores afectados, han manifestado: “El mal olor producto de la descomposición nos lleva directamente a la Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por el Intendente, integrada por los servicios sectoriales y el SEA Los Lagos, donde parece encontrarse un punto central del problema. Durante las últimas décadas han aprobado todos los proyectos productivos en Chiloé hasta el momento del colapso de los vertederos, sabiendo que la aprobación de nuevos proyectos de aumento de producción salmonera, chorera y alguera requiere la disposición de estos residuos”.

Vecinos identifican a Alfredo Wendt como personaje clave, biólogo y actual director del SEA, quien ha sido funcionario público (según señala la página del SEA) al menos desde el 2002, primero como evaluador y encargado de la Unidad de Evaluación y Participación, y hasta hoy como director del SEA durante ambos gobiernos de Bachelet y Piñera. “El biólogo parece no entender que, en un sistema cerrado, los aumentos de producción generan residuos que deben ser procesados o depositados en alguna parte, es decir, a mayor producción más residuos, todas las Resoluciones de Calificación Ambiental que signifique aumento de producción contienen su firma”, indican vecinos de las comunas afectadas.

Agregan: “Si las decisiones de la comisión hubiesen sido técnicas, probablemente ninguno de estos proyectos habría sido aprobado, ya que es de esperar de un biólogo marino como Alfredo Wendt, el entendimiento científico y el criterio riguroso de la fragilidad de los ecosistemas, más sí estos son insulares. Esto nos lleva a pensar que las decisiones han sido político-empresariales, enraizadas profundamente en los últimos 30 años de neoliberalismo recalcitrante; donde la injusticia ha tenido dos caras. Por una parte, el despojo y la amenaza constante de la vida de las comunidades y la biodiversidad territorial. Por otro lado, el libertinaje empresarial, sin control alguno las empresas han lucrado y dañado de manera irreversible nuestro territorio”.

La omisión de Wendt que señalan desde Chiloé, se ve reflejada durante el año 2020, al firmar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 7 proyectos de aumento de producción, tres de ellos corresponden a la industria chorera, ubicados en los sectores de Estero Punie, Punta Pullao y Punta Cohem, proyectos que sumados podrían producir 3.000 toneladas, ahora pueden producir 8.200 toneladas.

Otro organismos con baja incidencia en esta crisis, es la Superintendencia del Medio Ambiente, a quien le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley, pudiendo derivar una serie de irregularidades al Tribunal Ambiental o incluso, al Ministerio Público ante casos que presentan características de delitos, pero su presencia de fiscalización y seguimiento, no se ha visto activa. .

Reconocimiento del problema y Qué se hace con la basura?

Un relleno sanitario o un vertedero en Chiloé no es una opción responsable, se insiste en seguir y para vecinos se sigue sacrificando otra comunidad comprometiendo su calidad de vida y la de las futuras generaciones, “quienes vivirán contextos peores por las malas decisiones que se tomen en el presente. Al constatar el desequilibrio del ecosistema por decisiones tomadas hace décadas, hoy vemos sus resultados con la grave crisis sanitaria y socio ambiental; no es tiempo de viejas recetas para problemas nuevos”, indican.

Cabe señalar que numerosas experiencias existen en el mundo para transformar estos problemas en soluciones y en trabajos sustentables para el futuro, y un Chiloé justo para su gente, su entorno y las generaciones que vendrán, debe frenar el aumento de la producción intensiva de salmones y choritos, y abrirse a la actual necesidad colectiva de democratizar las salidas a la crisis; en donde el papel de las comunidades es fundamental para los consensos que crean posibilidades para el mañana.

“A su vez, el reencuentro con nuestras maneras antiguas de vivir insulares, aquellas que tendían hacia el trabajo comunitario-vecinal y a una soberanía alimentaria diversificada, pueden aportarnos ideas para nuevas economías con base en el equilibrio. Recordar que del origen proviene lo original: No necesitamos mirar con nostalgia o romanticismo nuestro pasado, necesitamos una solución original sobre los desechos y la basura que susurre al mismo tiempo, nuestra propia historia”, señalan los vecinos.

Fuente: Radio Minga